La situación de indefensión anima a los jueces de la Audiencia Nacional a no ejecutar la extradición de perseguidos por el chavismo, la última denegación afecta a Luis M. Rodríguez Cabello.
En el mes y medio que llevamos de 2019, la Audiencia Nacional (AN) ya ha denegado la extradición de cuatro venezolanos reclamados por la justicia de su país y que fueron en tiempos altos funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Aunque el Consejo de Ministros aprobara en su momento la entrega solicitada por la fiscalía de Venezuela de esas personas, los magistrados del pleno de la AN esgrimen siempre unos argumentos comunes en todos los casos: la vulneración de los derechos fundamentales de los reclamados, no se dan las garantías en el país sudamericano para que sean juzgados justamente por “la existencia de injerencias gubernamentales en el sistema judicial”, además de la duda razonada de que sufran torturas por la policía política o Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), como sucedió en el caso del activista Lorent Saleh.
Luis Mariano Rodríguez Cabello es ahora el afortunado por el fallo de la AN, una resolución que aún es recurrible por Venezuela y la Fiscalía española. El tribunal presidido por Alfonso Guevara deniega la extradición para salvaguardar los derechos humanos del encausado.
Entre 2007 y 2012, Rodríguez Cabello ocupó cargos de gerencia de la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). El Tribunal Supremo de Justicia venezolano reclamó a España su extradición en agosto pasado por la supuesta comisión de los delitos de corrupción y tráfico de influencias, así como de apropiación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
Abogado: «recurriremos el fallo porque no se trata solo de salvaguardar sus DDHH, sino también probar que no es justa su extradición pasiva»
El auto de la AN, basado en las acusaciones de las autoridades venezolanas, señala que es sospechoso de ser integrante de una “organización criminal denominada ‘Grupo Salazar’ dedicada a la creación de sociedades con el fin de legitimar [apropiarse] el dinero proveniente de la corrupción, obtenido en las contrataciones fraudulentas realizadas con las empresas estatales PDVSA y el Ministerio de Energía y Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela, en el periodo comprendido entre 2007 y 2012”. Las autoridades de Caracas estiman que ese grupo criminal habría movido el dinero mediante “transferencias internacionales y traspasos, utilizando el sistema bancario venezolano y la Banca Privada de Andorra”. El monto supuestamente sustraído se elevaría a 403.911.987 dólares y 596.844 euros.
Conforme a las autoridades judiciales de Estados Unidos y Venezuela, los dos cabecillas de la organización serían Rafael Ramírez, todopoderoso ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA entre 2004 y 2013 y caído en desgracia con Maduro por aspirar a ser el heredero político de Chávez, y Diego Salazar, primo del anterior y su supuesto testaferro, hoy recluido en ‘La tumba’, una cárcel bajo tierra sita en la sede del Sebin.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe de marzo de 2015, describió ‘La tumba” como un lugar donde los presos son sometidos a un “aislamiento prolongado sin contacto con otras personas, en un espacio confinado de 2×3 metros, con cámaras de vídeo y micrófonos en cada una de sus celdas, sin acceso a la luz del sol o al aire libre”. La Comisión, ubicada en Washington DC, consideró que estas personas «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían en riesgo”.
El abogado defensor de Rodíguez Cabello, Ismael Oliver, cuenta a El Confidencial que van a recurrir la decisión de la AN porque no se trata “únicamente de salvaguardar los derechos humanos del reclamado, sino también de que no se dan las circunstancias de pleno derecho para una extradición pasiva como la aprobada por el Consejo de Ministros” en otoño pasado.
El ‘Grupo Salazar’
La justicia venezolana imputó a Rodríguez Cabello por pertenecer al llamado ‘Grupo Salazar’. La persona que le da nombre, Diego Salazar, pena reclusión en ‘La tumba’ del Sebin desde diciembre de 2017 sin haber sido juzgado aún. Su esposa y sus tres hijos sufren la represión de las autoridades, ya que les han decomisado su casa familiar y les han confiscado los pasaportes de doble nacionalidad venezolana e italiana.
Por su parte, en agosto de 2018, Venezuela solicitó a España la extradición del supuesto jefe la organización criminal, Rafael Ramírez, el mandamás del sector energético durante más de una década en el Gobierno de Chávez. En enero de 2018, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, había emitido la orden internacional de aprehensión de Ramírez y solicitó colaboración a Interpol. Le imputan los mismos delitos que a Rodríguez Cabello.
Pero el denominado ‘Zar del petróleo’ se encuentra en Italia protegido por las autoridades de ese país tras ser cesado por Maduro como representante permanente de Venezuela ante Naciones Unidas en 2017. Confeso chavista y antimadurista, declaró en una entrevista reciente a la BBC lo siguiente: «Si Chávez estuviera vivo, le daría un golpe de Estado a Maduro».
Ramírez está implicado como ‘Official B’ en un auto de acusación de un tribunal de Houston fechado en agosto de 2017 y que encausa a cinco ex altos cargos del sector energético de Venezuela por ser miembros de una red organizada de corrupción. La supuesta trama criminal exigía el pago de sobornos a empresas radicadas en Estados Unidos para asegurarse la obtención de contratos petroleros, acelerar los pagos de las facturas de cobro y blanquear decenas de millones de dólares a través de bancos, principalmente suizos. El auto de Houston cita que la Asamblea Nacional venezolana emitió un informe en el que se acusa a Ramírez de hacer perder 11.000 millones de dólares durante su presidencia de PDVSA entre 2004 y 2014.
